Los trabajos de organización del fondo histórico del Gobierno Civil que está llevando a cabo el Archivo Histórico Provincial de Salamanca han permitido a la Junta de Castilla y León identificar los documentos gubernativos de 1936 relacionados con la muerte del que fue alcalde de Salamanca Casto Prieto Carrasco, y con la depuración de Filiberto Villalobos González, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en la II Republica. La documentación se encontraba en un legajo identificado o rotulado como 'Peritos calígrafos y varios despachados años 1939-1941".

Los documentos relacionados con Casto Prieto Carrasco dan cuenta del hallazgo, el día 29 de julio de 1936, de los cadáveres del entonces alcalde y de José Andrés Manso en el punto kilométrico 89,9 de la carretera de Valladolid a Salamanca, en el término de La Orbada. En el mismo expediente hay una nota manuscrita de Filiberto Villalobos al gobernador civil relacionando los nombres de la familia Prieto Carrasco al objeto de que fuera autorizado su viaje a Valverde del Fresno, de donde era natural Ana Carrasco, su mujer.

El Adelanto, 13 de diciembre de 2012

NOTA de la ASMJ. - Casto Prieto Carrasco y José Andrés y Manso fueron sacados de la prisión provincial de Salamanca en la noche del 28 al 29 de julio, y entregados a un piquete que acudió a recogerlos en virtud de una orden escrita del comandante militar de Salamanca, general Manuel García Álvarez, para trasladarlos a la prisión provincial de Valladolid a disposición del capitán general de la VII División Orgánica, general Andrés Saliquet Zumeta. La ASMJ tiene copia de esa orden, que figura en el expediente penitenciario de Casto Prieto y de Pepe Manso.

El hallazgo de este oficio pone en evidencia dos cosas.

Una, el pésimo trabajo desempeñado por la anterior directora del AHP, que durante años negó a los investigadores la consulta de los fondos del Gobierno Civil, alegando que estaban en proceso técnico, cuando lo cierto es que esos expedientes han llegado a nuestros días exactamente en el mismo estado en que los funcionarios los agruparon hace décadas.

Y dos, que el asesinato de los presos políticos de la prisión provincial era organizado desde la comandancia militar y el gobierno civil, dado que del hallazgo de los cadáveres no se siguió investigación alguna. Más bien al contrario. El 6 de agosto de 1936, el general Mola, jefe del ejército sublevado del Norte, emitió una orden por la cual todos los cadáveres encontrados en los campos y caminos, con signos de muerte violenta -que eran miles en todo el territorio controlado por Mola-, debían ser enterrados sin más averiguaciones, como producto de "hechos de guerra" o "enfrentamiento con la fuerza pública." La legalización del asesinato, en definitiva, pero también la ocultación de la represión.