25.02.9120.483. Los números que preceden las primeras
palabras de este artículo no son un error. Se trata de una cifra que
pocos reconocerán, a pesar de que tiene una decisiva importancia
simbólica. Es el código de la partida en los presupuestos generales del
Estado gracias a la cual se han excavado cunetas, abierto fosas,
cotejado restos óseos y rastros de ADN, investigado y divulgado sobre
los asesinados y represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo
en los últimos seis años. Esa partida, ese 25.02.9120.483, ya no
existe. Ha pasado de 2.501.540 euros a la nada.
La importancia de esa cantidad de dinero no es sólo económica sino también simbólica, porque con ese gesto el Estado da la espalda al proceso de recuperación de la memoria histórica, empujando esta responsabilidad de nuevo al ámbito de lo privado. "Es un paso atrás muy importante porque supone volver a la situación anterior al año 2006, antes de la Ley de Memoria Histórica", explica el antropólogo Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC en el proyecto Las políticas de la memoria. "Antes de 2006 eran las familias o los ayuntamientos los que ponían lugares para que los que trabajaban en las excavaciones pudieran dormir y las comidas se financiaban colectivamente. El dinero del Ministerio de Presidencia hacía que esos gastos se centralizaran, pero ahora habrá que buscar financiación para cada gasto por separado, aunque para alguno, como las pruebas de ADN [unos 350 euros por cuerpo], no sé yo dónde va a haber financiación".
"Volveremos a los niveles de los primeros años", coincide Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH), "donde no podíamos permitirnos más que un equipo durante las
vacaciones que llevara a cabo exhumaciones fáciles o técnicamente
viables en un sólo día de alquiler de la retroexcavadora".
González calcula que en realidad el 80% del trabajo de recuperación se
hace por voluntariado. El máximo de dinero que otorgaba el Ministerio
por proyecto era de 40.000 euros o 60.000 si incluía exhumaciones. "Si
hay que volver a la tortilla o al bocadillo y a dormir al pabellón del
Ayuntamiento, pues se vuelve, pero cuando se han creado procedimientos y
estructuras de trabajo durante todo el año que ahora están en peligro
de desaparición, duele", opina González. Es lo que Ferrándiz llama
"descapitalización humana", más peligrosa que la económica. La formación
de investigadores muy especializados agrupados en equipos estables con
protocolos consolidados, "ese es el mejor efecto de la financiación
pública".
Noticia completa en eldiario.es, 14 de marzo de 2013.
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El Ministerio de Cultura ha eliminado el portal digital que disponía de más de 750.000 entradas sobre las Víctimas de la Guerra Cívil y la represión franquista.