El 10 de octubre de 2012 se ha presentado en los juzgados de Béjar una denuncia por los hechos de vandalismo político ocurridos en el cementerio de Peñacaballera.

La denuncia ha sido presentada por la familia del difunto Santiago Martín Romero, debido a que unos desconocidos han arrancado la lápida de su tumba.

 Santiago Martín, vecino de Sotoserrano, dirigente de la...

El 10 de octubre de 2012 se ha presentado en los juzgados de Béjar una denuncia por los hechos de vandalismo político ocurridos en el cementerio de Peñacaballera.

La denuncia ha sido presentada por la familia del difunto Santiago Martín Romero, debido a que unos desconocidos han arrancado la lápida de su tumba.

 Santiago Martín, vecino de Sotoserrano, dirigente de la Casa del Pueblo, fue detenido por un piquete de falangistas el 23 de agosto de 1936 en los calabozos de Lagunilla, donde fue torturado. Días después fue conducido al paraje de Las Gargantas, cerca de Peñacaballera, donde fue asesinado a tiros por un grupo de falangistas de Piedrahita dirigidos por un tal "Carrete", abandonando su cadáver en el mismo lugar. Recogido por unos vecinos de Peñacaballera, el alcalde de aquel momento autorizó que fuera enterrado en el cementerio.

El 21 de junio de 2009 fue colocada una lápida en memoria de Santiago Martín, por iniciativa de su familia, que vive en Barcelona, y el apoyo de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia. Al acto asistió la entonces alcaldesa de Peñacaballera.

 Al visitar el lugar el pasado 28 de agosto, para poner unas flores, la familia comprobó que alguien había arrancado la lápida, con evidentes señales de haber usado la fuerza, lo cual comunicaron a la ASMJ.

Según informó a la ASMJ el alcalde de Peñacaballera, Javier Valencia Muñoz, el ataque se debió a que los falangistas de Peñacaballera se sienten molestos con la lápida.

 Dado que el ataque a la lápida de Santiago Martín es un delito contra el respeto debido a los difuntos, contemplado en el art. 526 del Código Penal, además de una falta de daños (la lápida está valorada en 400 euros), la familia ha presentado la denuncia correspondiente.

 Es de destacar que esa lápida es un homenaje familiar en un cementerio, no un elemento conmemorativo de la Memoria Histórica.

La ASMJ condena con rotundidad unos hechos lamentables que vienen a probar la persistencia de una mentalidad fascistoide y antidemocrática en ciertos sectores de la sociedad salmantina, que se creen con derecho a atacar con nocturnidad y alevosía a quienes consideran todavía enemigos políticos, no conciudadanos. Los falangistas de Peñacaballera han actuado en agosto de 2012 exactamente igual que en agosto de 1936, con la misma cobardía y el mismo desprecio a la democracia.

Al arrancar esa lápida, los simpatizantes del franquismo quieren que desaparezcan las huellas del crimen, pero solo consiguen hundirse todavía más en la infamia. Confiamos en que la España democrática de 2012 no deje impune este nuevo crimen franquista.

Salamanca24horas, 11 de octubre de 2012

El País, 12 de octubre de 2012

Puede exhumar a los fusilados, pero le costará 1.600 euros.

Hay fosas abiertas —casi 300 desde el año 2000—, fosas pendientes de exhumar —al menos 1.200—, y una cerrada con un candado. Está en Pedrotoro (Ciudad Rodrigo, Salamanca) y es la propietaria del terreno quien lo ha puesto. Exige a la...

Puede exhumar a los fusilados, pero le costará 1.600 euros.

Hay fosas abiertas —casi 300 desde el año 2000—, fosas pendientes de exhumar —al menos 1.200—, y una cerrada con un candado. Está en Pedrotoro (Ciudad Rodrigo, Salamanca) y es la propietaria del terreno quien lo ha puesto. Exige a la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, que busca allí los restos de entre 15 y 20 fusilados, una fianza de 600 euros. El arrendatario de la finca, de la misma familia, otros 1.000 como indemnización por daños. Los arqueólogos empezaron a cavar, pero no les dio tiempo a encontrar la fosa. Ahora la exhumación está paralizada. El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán (PP), ha pedido a la Abogacía del Estado que le diga “qué procede hacer” después de que el juez de Ciudad Rodrigo, al que acudieron los familiares de las víctimas, dijese en un auto que eran “las autoridades administrativas” quienes deben resolver el problema.

La asociación tiene ingresada en su cuenta la subvención de 7.200 euros que recibió del Gobierno anterior para realizar esta y otras exhumaciones en la zona. “Ese dinero es para pagar a los siete arqueólogos, su alojamiento en un pueblo cercano, que por cierto, se llama Águeda del Caudillo, las herramientas y el alquiler de la pala excavadora, que cuesta 30 euros la hora”, explica Severiano Delgado, su presidente. “Esto no es una actividad mercantil, sino humanitaria. Por supuesto, no ganamos dinero con esto, ni nos parece bien que nadie pretenda ganarlo. A esta señora y al arrendatario del terreno, que es su hijo, les hemos ofrecido 800 euros como indemnización y dejarlo todo como estaba en 15 días. El terreno no vale ni eso. Es un pastizal de secano”.

N. M., la propietaria, se enfada cuando este diario le pide su versión. “¡Le he pedido a un técnico agrario que me evalúe los daños y los he denunciado a la Guardia Civil!”.

El subdelegado del Gobierno en Salamanca, que se reunió con la asociación, sigue aconsejando a las partes que lleguen a un acuerdo. “Da un poco de vergüenza el asunto del dinero en un tema tan sensible”, admite.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no recuerda un caso así. “Es de una falta de humanidad brutal. No están buscando oro, sino restos de fusilados. Y lo que pide esta señora es como un rescate. Tiene secuestrado a un grupo de desaparecidos del franquismo”. De hecho, explica, para la mayoría de propietarios de fincas en las que hay fosas de la Guerra Civil, "es un alivio que vayamos a exhumarlos". Así ocurrió recientemente en Espinosa de los Monteros (Burgos), donde el comprador de un chalé en cuyo jardín yacían los restos de 12 fusilados en 1936, permitió a los arqueólogos trabajar durante varios días.

En ese grupo de desaparecidos, la asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia busca a ocho hombres  detenidos por falangistas, ingresados en  1936 en la cárcel de partido de Ciudad Rodrigo y "puestos en libertad" sin que sus familias volvieran a saber de ellos.La asociación cree que en este paraje de Pedrotoro podrían estar los restos de Gertrudis Sánchez, La Gaona, una mujer a la que torturaron y fusilaron al principio de la Guerra Civil. Los falangistas también mataron a dos de sus hijos. 

Los zapatos de la víctima, expuestos en un bar

Germán Martín, hijo de Manuel Martín, alcalde de Ciudad Rodrigo por el Frente Popular fusilado en agosto de 1936, busca en el terreno de esta señora a su tío Avelino, detenido menos de cuatro meses después. "A mi padre lo mataron con casi toda la corporación municipal.Tenía 44 años y cuatro hijos. Yo era el más pequeño. Él tuvo una sepultura individualizada. Pero después vinieron a por mi tío. Se lo llevaron detenido, dijeron que lo dejaban libre y nunca volvimos a saber nada", explica Germán, de 80 años. Le indigna el problema que ha surgido con los propietarios del terreno para abrir la fosa donde gente mayor del pueblo le ha dicho que puede estar enterrado su tío. "Es una vergüenza. Todo son obstáculos. Esto debería estar haciéndolo el Estado, no las asociaciones. Nuestros familiares no pueden estar por ahí tirados".

Ángel de Miguel es nieto de otro desaparecido del franquismo que podía estar en esta fosa, Alfredo Miguel Plaza, interventor en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el Frente Popular. "Un día un señor mayor del pueblo me dijo que había oído los disparos por aquí", explica. "Mi abuelo tenía 50 años y cinco hijos cuando lo mataron. Dos de ellos estaban luchando en el frente de Guadarrama con los franquistas cuando lo asesinaron. Mi padre, que tenía entonces 14 años, no habló de esto hasta hace dos años. Todavía le daba miedo. Los zapatos de mi abuelo habían estado expuestos como trofeo en el bar al que solían ir".

Ángel Iglesias Ovejero busca en fosas al primer marido de su madre y a tres hermanos de ella, sus tíos. Dos de ellos pueden estar en esta que ahora está cerrada con un candado a la espera de un talón. "Uno tenía 24 años y el otro 26. No sabemos por qué los mataron. No estaban señalados políticamente, eran analfabetos, se dedicaban a guardar cabras", explica. "No hay acta de defunción, ni tumba, ni lápida... Es como si no hubieran existido". Pero existieron. La madre de Ángel los lloró: a sus tres hermanos y a su primer marido, todos asesinados entre agosto y septiembre de 1936. "Yo creo que los mataron a todos por miedo a que alguno quisiera vengar la muerte del otro. Fue una salvajada. Este pueblo tenía entonces menos de 1.500 habitantes y asesinaron a 19 vecinos".

Ángel Iglesias, catedrático de lingüística, de 68 años, cuenta que su madre siempre supo quién había matado a su primer marido. "Se lo dijo el señor que conducía la camioneta en la que se lo llevaron.Nosotros fuimos al colegio con los hijos de los asesinos..." Por eso ahora le duele que la fosa no se pueda abrir por un asunto de dinero. "Creo que lo que le pasa a la propietaria del terreno es que no le gusta que se hable de estas cosas, que se sepan. Pero tiene en su terreno algo que no es de su propiedad. Y nuestro deber es intentar recuperar los restos. Si fueran familiares suyos lo vería de forma distinta".

El País, 16 de agosto de 2012

La exhumación de unos enterramientos clandestinos de víctimas de la represión franquista, comenzados por la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ) el 23 de julio en el 'valle del Lagar' (Ciudad Rodrigo), han quedado paralizados el martes 31 de julio, después de que la familia propietaria del paraje presentara una denuncia contra la ASMJ y cerrara el portillo de entrada con una cadena.

Así lo indica un comunicado del presidente de la ASMJ,...

La exhumación de unos enterramientos clandestinos de víctimas de la represión franquista, comenzados por la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ) el 23 de julio en el 'valle del Lagar' (Ciudad Rodrigo), han quedado paralizados el martes 31 de julio, después de que la familia propietaria del paraje presentara una denuncia contra la ASMJ y cerrara el portillo de entrada con una cadena.

Así lo indica un comunicado del presidente de la ASMJ, Severiano Delgado, quien destaca que el mismo martes, "la ASMJ presentó una demanda urgente ante los juzgados de Ciudad Rodrigo, por entender que la Asociación se encontraba en su derecho, conforme a la ley de la Memoria Histórica, para actuar en dicho valle, sobre todo después de haber llegado al acuerdo verbal con la propietaria, tomado ante testigos solventes, que la ASMJ abandonaría el lugar a más tardar el 6 de agosto, después de haber repuesto el prado en sus condiciones iniciales. También se había alcanzado con el arrendatario un acuerdo verbal para indemnizar el daño causado", señala.

Sin embargo, tras la denuncia de la propietaria, "parece encontrarse el hecho de que la ASMJ se negó desde un principio a abonarle determinada cantidad que ella solicitaba para dar permitir la continuación de los trabajos. Hasta ahora nunca se había producido un caso así, desde que se empezaron hacer este tipo de actuaciones hace unos años. Dado que la ley de la Memoria Histórica establece de manera poco clara, que en caso de discrepancia intervendrán como mediadoras "las Administraciones Públicas", la ASMJ solicitó la intervención del juzgado, por estimar que es el órgano adecuado, a la luz del auto del Tribunal Supremo de marzo de 2012, sobre la competencia de la Audiencia Nacional y de los juzgados territoriales en la exhumación de enterramientos clandestinos de la Guerra Civil.

En resolución notificada el jueves, 2 de agosto, el juzgado de instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo "establece el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias, por considerar que la competencia sobre el asunto no es del juzgado, sino de la autoridad administrativa".

"A la vista de los impedimentos puestos por la propiedad, y que el juzgado se abstiene de actuar, la ASMJ ha decidido suspender toda actividad relacionada con la exhumación de Pedrotoro. La ASMJ interpondrá recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al mismo tiempo que realiza gestiones ante la Subdelegación del Gobierno para dar una solución a este asunto, dado que la Subdelegación del Gobierno parece ser la autoridad administrativa señalada por el juzgado de Ciudad Rodrigo en su auto", concluye.

Tribuna de Salamanca, 3 de agosto de 2012