Los trabajos de organización del fondo histórico del Gobierno Civil que está llevando a cabo el Archivo Histórico Provincial de Salamanca han permitido a la Junta de Castilla y León identificar los documentos gubernativos de 1936 relacionados con la muerte del que fue alcalde de Salamanca Casto Prieto Carrasco, y con la depuración...

Los trabajos de organización del fondo histórico del Gobierno Civil que está llevando a cabo el Archivo Histórico Provincial de Salamanca han permitido a la Junta de Castilla y León identificar los documentos gubernativos de 1936 relacionados con la muerte del que fue alcalde de Salamanca Casto Prieto Carrasco, y con la depuración de Filiberto Villalobos González, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en la II Republica. La documentación se encontraba en un legajo identificado o rotulado como 'Peritos calígrafos y varios despachados años 1939-1941".

Los documentos relacionados con Casto Prieto Carrasco dan cuenta del hallazgo, el día 29 de julio de 1936, de los cadáveres del entonces alcalde y de José Andrés Manso en el punto kilométrico 89,9 de la carretera de Valladolid a Salamanca, en el término de La Orbada. En el mismo expediente hay una nota manuscrita de Filiberto Villalobos al gobernador civil relacionando los nombres de la familia Prieto Carrasco al objeto de que fuera autorizado su viaje a Valverde del Fresno, de donde era natural Ana Carrasco, su mujer.

El Adelanto, 13 de diciembre de 2012

NOTA de la ASMJ. - Casto Prieto Carrasco y José Andrés y Manso fueron sacados de la prisión provincial de Salamanca en la noche del 28 al 29 de julio, y entregados a un piquete que acudió a recogerlos en virtud de una orden escrita del comandante militar de Salamanca, general Manuel García Álvarez, para trasladarlos a la prisión provincial de Valladolid a disposición del capitán general de la VII División Orgánica, general Andrés Saliquet Zumeta. La ASMJ tiene copia de esa orden, que figura en el expediente penitenciario de Casto Prieto y de Pepe Manso.

El hallazgo de este oficio pone en evidencia dos cosas.

Una, el pésimo trabajo desempeñado por la anterior directora del AHP, que durante años negó a los investigadores la consulta de los fondos del Gobierno Civil, alegando que estaban en proceso técnico, cuando lo cierto es que esos expedientes han llegado a nuestros días exactamente en el mismo estado en que los funcionarios los agruparon hace décadas.

Y dos, que el asesinato de los presos políticos de la prisión provincial era organizado desde la comandancia militar y el gobierno civil, dado que del hallazgo de los cadáveres no se siguió investigación alguna. Más bien al contrario. El 6 de agosto de 1936, el general Mola, jefe del ejército sublevado del Norte, emitió una orden por la cual todos los cadáveres encontrados en los campos y caminos, con signos de muerte violenta -que eran miles en todo el territorio controlado por Mola-, debían ser enterrados sin más averiguaciones, como producto de "hechos de guerra" o "enfrentamiento con la fuerza pública." La legalización del asesinato, en definitiva, pero también la ocultación de la represión.

El 10 de octubre de 2012 se ha presentado en los juzgados de Béjar una denuncia por los hechos de vandalismo político ocurridos en el cementerio de Peñacaballera.

La denuncia ha sido presentada por la familia del difunto Santiago Martín Romero, debido a que unos desconocidos han arrancado la lápida de su tumba.

 Santiago Martín, vecino de Sotoserrano, dirigente de la...

El 10 de octubre de 2012 se ha presentado en los juzgados de Béjar una denuncia por los hechos de vandalismo político ocurridos en el cementerio de Peñacaballera.

La denuncia ha sido presentada por la familia del difunto Santiago Martín Romero, debido a que unos desconocidos han arrancado la lápida de su tumba.

 Santiago Martín, vecino de Sotoserrano, dirigente de la Casa del Pueblo, fue detenido por un piquete de falangistas el 23 de agosto de 1936 en los calabozos de Lagunilla, donde fue torturado. Días después fue conducido al paraje de Las Gargantas, cerca de Peñacaballera, donde fue asesinado a tiros por un grupo de falangistas de Piedrahita dirigidos por un tal "Carrete", abandonando su cadáver en el mismo lugar. Recogido por unos vecinos de Peñacaballera, el alcalde de aquel momento autorizó que fuera enterrado en el cementerio.

El 21 de junio de 2009 fue colocada una lápida en memoria de Santiago Martín, por iniciativa de su familia, que vive en Barcelona, y el apoyo de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia. Al acto asistió la entonces alcaldesa de Peñacaballera.

 Al visitar el lugar el pasado 28 de agosto, para poner unas flores, la familia comprobó que alguien había arrancado la lápida, con evidentes señales de haber usado la fuerza, lo cual comunicaron a la ASMJ.

Según informó a la ASMJ el alcalde de Peñacaballera, Javier Valencia Muñoz, el ataque se debió a que los falangistas de Peñacaballera se sienten molestos con la lápida.

 Dado que el ataque a la lápida de Santiago Martín es un delito contra el respeto debido a los difuntos, contemplado en el art. 526 del Código Penal, además de una falta de daños (la lápida está valorada en 400 euros), la familia ha presentado la denuncia correspondiente.

 Es de destacar que esa lápida es un homenaje familiar en un cementerio, no un elemento conmemorativo de la Memoria Histórica.

La ASMJ condena con rotundidad unos hechos lamentables que vienen a probar la persistencia de una mentalidad fascistoide y antidemocrática en ciertos sectores de la sociedad salmantina, que se creen con derecho a atacar con nocturnidad y alevosía a quienes consideran todavía enemigos políticos, no conciudadanos. Los falangistas de Peñacaballera han actuado en agosto de 2012 exactamente igual que en agosto de 1936, con la misma cobardía y el mismo desprecio a la democracia.

Al arrancar esa lápida, los simpatizantes del franquismo quieren que desaparezcan las huellas del crimen, pero solo consiguen hundirse todavía más en la infamia. Confiamos en que la España democrática de 2012 no deje impune este nuevo crimen franquista.

Salamanca24horas, 11 de octubre de 2012

El País, 12 de octubre de 2012

Puede exhumar a los fusilados, pero le costará 1.600 euros.

Hay fosas abiertas —casi 300 desde el año 2000—, fosas pendientes de exhumar —al menos 1.200—, y una cerrada con un candado. Está en Pedrotoro (Ciudad Rodrigo, Salamanca) y es la propietaria del terreno quien lo ha puesto. Exige a la...

Puede exhumar a los fusilados, pero le costará 1.600 euros.

Hay fosas abiertas —casi 300 desde el año 2000—, fosas pendientes de exhumar —al menos 1.200—, y una cerrada con un candado. Está en Pedrotoro (Ciudad Rodrigo, Salamanca) y es la propietaria del terreno quien lo ha puesto. Exige a la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, que busca allí los restos de entre 15 y 20 fusilados, una fianza de 600 euros. El arrendatario de la finca, de la misma familia, otros 1.000 como indemnización por daños. Los arqueólogos empezaron a cavar, pero no les dio tiempo a encontrar la fosa. Ahora la exhumación está paralizada. El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán (PP), ha pedido a la Abogacía del Estado que le diga “qué procede hacer” después de que el juez de Ciudad Rodrigo, al que acudieron los familiares de las víctimas, dijese en un auto que eran “las autoridades administrativas” quienes deben resolver el problema.

La asociación tiene ingresada en su cuenta la subvención de 7.200 euros que recibió del Gobierno anterior para realizar esta y otras exhumaciones en la zona. “Ese dinero es para pagar a los siete arqueólogos, su alojamiento en un pueblo cercano, que por cierto, se llama Águeda del Caudillo, las herramientas y el alquiler de la pala excavadora, que cuesta 30 euros la hora”, explica Severiano Delgado, su presidente. “Esto no es una actividad mercantil, sino humanitaria. Por supuesto, no ganamos dinero con esto, ni nos parece bien que nadie pretenda ganarlo. A esta señora y al arrendatario del terreno, que es su hijo, les hemos ofrecido 800 euros como indemnización y dejarlo todo como estaba en 15 días. El terreno no vale ni eso. Es un pastizal de secano”.

N. M., la propietaria, se enfada cuando este diario le pide su versión. “¡Le he pedido a un técnico agrario que me evalúe los daños y los he denunciado a la Guardia Civil!”.

El subdelegado del Gobierno en Salamanca, que se reunió con la asociación, sigue aconsejando a las partes que lleguen a un acuerdo. “Da un poco de vergüenza el asunto del dinero en un tema tan sensible”, admite.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no recuerda un caso así. “Es de una falta de humanidad brutal. No están buscando oro, sino restos de fusilados. Y lo que pide esta señora es como un rescate. Tiene secuestrado a un grupo de desaparecidos del franquismo”. De hecho, explica, para la mayoría de propietarios de fincas en las que hay fosas de la Guerra Civil, "es un alivio que vayamos a exhumarlos". Así ocurrió recientemente en Espinosa de los Monteros (Burgos), donde el comprador de un chalé en cuyo jardín yacían los restos de 12 fusilados en 1936, permitió a los arqueólogos trabajar durante varios días.

En ese grupo de desaparecidos, la asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia busca a ocho hombres  detenidos por falangistas, ingresados en  1936 en la cárcel de partido de Ciudad Rodrigo y "puestos en libertad" sin que sus familias volvieran a saber de ellos.La asociación cree que en este paraje de Pedrotoro podrían estar los restos de Gertrudis Sánchez, La Gaona, una mujer a la que torturaron y fusilaron al principio de la Guerra Civil. Los falangistas también mataron a dos de sus hijos. 

Los zapatos de la víctima, expuestos en un bar

Germán Martín, hijo de Manuel Martín, alcalde de Ciudad Rodrigo por el Frente Popular fusilado en agosto de 1936, busca en el terreno de esta señora a su tío Avelino, detenido menos de cuatro meses después. "A mi padre lo mataron con casi toda la corporación municipal.Tenía 44 años y cuatro hijos. Yo era el más pequeño. Él tuvo una sepultura individualizada. Pero después vinieron a por mi tío. Se lo llevaron detenido, dijeron que lo dejaban libre y nunca volvimos a saber nada", explica Germán, de 80 años. Le indigna el problema que ha surgido con los propietarios del terreno para abrir la fosa donde gente mayor del pueblo le ha dicho que puede estar enterrado su tío. "Es una vergüenza. Todo son obstáculos. Esto debería estar haciéndolo el Estado, no las asociaciones. Nuestros familiares no pueden estar por ahí tirados".

Ángel de Miguel es nieto de otro desaparecido del franquismo que podía estar en esta fosa, Alfredo Miguel Plaza, interventor en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con el Frente Popular. "Un día un señor mayor del pueblo me dijo que había oído los disparos por aquí", explica. "Mi abuelo tenía 50 años y cinco hijos cuando lo mataron. Dos de ellos estaban luchando en el frente de Guadarrama con los franquistas cuando lo asesinaron. Mi padre, que tenía entonces 14 años, no habló de esto hasta hace dos años. Todavía le daba miedo. Los zapatos de mi abuelo habían estado expuestos como trofeo en el bar al que solían ir".

Ángel Iglesias Ovejero busca en fosas al primer marido de su madre y a tres hermanos de ella, sus tíos. Dos de ellos pueden estar en esta que ahora está cerrada con un candado a la espera de un talón. "Uno tenía 24 años y el otro 26. No sabemos por qué los mataron. No estaban señalados políticamente, eran analfabetos, se dedicaban a guardar cabras", explica. "No hay acta de defunción, ni tumba, ni lápida... Es como si no hubieran existido". Pero existieron. La madre de Ángel los lloró: a sus tres hermanos y a su primer marido, todos asesinados entre agosto y septiembre de 1936. "Yo creo que los mataron a todos por miedo a que alguno quisiera vengar la muerte del otro. Fue una salvajada. Este pueblo tenía entonces menos de 1.500 habitantes y asesinaron a 19 vecinos".

Ángel Iglesias, catedrático de lingüística, de 68 años, cuenta que su madre siempre supo quién había matado a su primer marido. "Se lo dijo el señor que conducía la camioneta en la que se lo llevaron.Nosotros fuimos al colegio con los hijos de los asesinos..." Por eso ahora le duele que la fosa no se pueda abrir por un asunto de dinero. "Creo que lo que le pasa a la propietaria del terreno es que no le gusta que se hable de estas cosas, que se sepan. Pero tiene en su terreno algo que no es de su propiedad. Y nuestro deber es intentar recuperar los restos. Si fueran familiares suyos lo vería de forma distinta".

El País, 16 de agosto de 2012