• El Gobierno suprime las subvenciones para actividades relacionadas con la memoria histórica.

• El Ministerio de Cultura retira la base de datos en Internet sobre Víctimas de la Guerra Civil y de la Represión franquista.
  

25.02.9120.483. Los números que preceden las primeras palabras de este artículo no son un error. Se trata de una cifra que pocos...

• El Gobierno suprime las subvenciones para actividades relacionadas con la memoria histórica.

• El Ministerio de Cultura retira la base de datos en Internet sobre Víctimas de la Guerra Civil y de la Represión franquista.
  

25.02.9120.483. Los números que preceden las primeras palabras de este artículo no son un error. Se trata de una cifra que pocos reconocerán, a pesar de que tiene una decisiva importancia simbólica. Es el código de la partida en los presupuestos generales del Estado gracias a la cual se han excavado cunetas, abierto fosas, cotejado restos óseos y rastros de ADN, investigado y divulgado sobre los asesinados y represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo en los últimos seis años. Esa partida, ese 25.02.9120.483, ya no existe. Ha pasado de 2.501.540 euros a la nada.

La importancia de esa cantidad de dinero no es sólo económica sino también simbólica, porque con ese gesto el Estado da la espalda al proceso de recuperación de la memoria histórica, empujando esta responsabilidad de nuevo al ámbito de lo privado. "Es un paso atrás muy importante porque supone volver a la situación anterior al año 2006, antes de la Ley de Memoria Histórica", explica el antropólogo Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC en el proyecto Las políticas de la memoria. "Antes de 2006 eran las familias o los ayuntamientos los que ponían lugares para que los que trabajaban en las excavaciones pudieran dormir y las comidas se financiaban colectivamente. El dinero del Ministerio de Presidencia hacía que esos gastos se centralizaran, pero ahora habrá que buscar financiación para cada gasto por separado, aunque para alguno, como las pruebas de ADN [unos 350 euros por cuerpo], no sé yo dónde va a haber financiación".

"Volveremos a los niveles de los primeros años", coincide Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), "donde no podíamos permitirnos más que un equipo durante las vacaciones que llevara a cabo exhumaciones fáciles o técnicamente viables en un sólo día de alquiler de la retroexcavadora".

González calcula que en realidad el 80% del trabajo de recuperación se hace por voluntariado. El máximo de dinero que otorgaba el Ministerio por proyecto era de 40.000 euros o 60.000 si incluía exhumaciones. "Si hay que volver a la tortilla o al bocadillo y a dormir al pabellón del Ayuntamiento, pues se vuelve, pero cuando se han creado procedimientos y estructuras de trabajo durante todo el año que ahora están en peligro de desaparición, duele", opina González. Es lo que Ferrándiz llama "descapitalización humana", más peligrosa que la económica. La formación de investigadores muy especializados agrupados en equipos estables con protocolos consolidados, "ese es el mejor efecto de la financiación pública".

Noticia completa en eldiario.es, 14 de marzo de 2013.

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El Ministerio de Cultura ha eliminado el portal digital que disponía de más de 750.000 entradas sobre las Víctimas de la Guerra Cívil y la represión franquista.

http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal

Los trabajos de organización del fondo histórico del Gobierno Civil que está llevando a cabo el Archivo Histórico Provincial de Salamanca han permitido a la Junta de Castilla y León identificar los documentos gubernativos de 1936 relacionados con la muerte del que fue alcalde de Salamanca Casto Prieto Carrasco, y con la depuración...

Los trabajos de organización del fondo histórico del Gobierno Civil que está llevando a cabo el Archivo Histórico Provincial de Salamanca han permitido a la Junta de Castilla y León identificar los documentos gubernativos de 1936 relacionados con la muerte del que fue alcalde de Salamanca Casto Prieto Carrasco, y con la depuración de Filiberto Villalobos González, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en la II Republica. La documentación se encontraba en un legajo identificado o rotulado como 'Peritos calígrafos y varios despachados años 1939-1941".

Los documentos relacionados con Casto Prieto Carrasco dan cuenta del hallazgo, el día 29 de julio de 1936, de los cadáveres del entonces alcalde y de José Andrés Manso en el punto kilométrico 89,9 de la carretera de Valladolid a Salamanca, en el término de La Orbada. En el mismo expediente hay una nota manuscrita de Filiberto Villalobos al gobernador civil relacionando los nombres de la familia Prieto Carrasco al objeto de que fuera autorizado su viaje a Valverde del Fresno, de donde era natural Ana Carrasco, su mujer.

El Adelanto, 13 de diciembre de 2012

NOTA de la ASMJ. - Casto Prieto Carrasco y José Andrés y Manso fueron sacados de la prisión provincial de Salamanca en la noche del 28 al 29 de julio, y entregados a un piquete que acudió a recogerlos en virtud de una orden escrita del comandante militar de Salamanca, general Manuel García Álvarez, para trasladarlos a la prisión provincial de Valladolid a disposición del capitán general de la VII División Orgánica, general Andrés Saliquet Zumeta. La ASMJ tiene copia de esa orden, que figura en el expediente penitenciario de Casto Prieto y de Pepe Manso.

El hallazgo de este oficio pone en evidencia dos cosas.

Una, el pésimo trabajo desempeñado por la anterior directora del AHP, que durante años negó a los investigadores la consulta de los fondos del Gobierno Civil, alegando que estaban en proceso técnico, cuando lo cierto es que esos expedientes han llegado a nuestros días exactamente en el mismo estado en que los funcionarios los agruparon hace décadas.

Y dos, que el asesinato de los presos políticos de la prisión provincial era organizado desde la comandancia militar y el gobierno civil, dado que del hallazgo de los cadáveres no se siguió investigación alguna. Más bien al contrario. El 6 de agosto de 1936, el general Mola, jefe del ejército sublevado del Norte, emitió una orden por la cual todos los cadáveres encontrados en los campos y caminos, con signos de muerte violenta -que eran miles en todo el territorio controlado por Mola-, debían ser enterrados sin más averiguaciones, como producto de "hechos de guerra" o "enfrentamiento con la fuerza pública." La legalización del asesinato, en definitiva, pero también la ocultación de la represión.

El 10 de octubre de 2012 se ha presentado en los juzgados de Béjar una denuncia por los hechos de vandalismo político ocurridos en el cementerio de Peñacaballera.

La denuncia ha sido presentada por la familia del difunto Santiago Martín Romero, debido a que unos desconocidos han arrancado la lápida de su tumba.

 Santiago Martín, vecino de Sotoserrano, dirigente de la...

El 10 de octubre de 2012 se ha presentado en los juzgados de Béjar una denuncia por los hechos de vandalismo político ocurridos en el cementerio de Peñacaballera.

La denuncia ha sido presentada por la familia del difunto Santiago Martín Romero, debido a que unos desconocidos han arrancado la lápida de su tumba.

 Santiago Martín, vecino de Sotoserrano, dirigente de la Casa del Pueblo, fue detenido por un piquete de falangistas el 23 de agosto de 1936 en los calabozos de Lagunilla, donde fue torturado. Días después fue conducido al paraje de Las Gargantas, cerca de Peñacaballera, donde fue asesinado a tiros por un grupo de falangistas de Piedrahita dirigidos por un tal "Carrete", abandonando su cadáver en el mismo lugar. Recogido por unos vecinos de Peñacaballera, el alcalde de aquel momento autorizó que fuera enterrado en el cementerio.

El 21 de junio de 2009 fue colocada una lápida en memoria de Santiago Martín, por iniciativa de su familia, que vive en Barcelona, y el apoyo de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia. Al acto asistió la entonces alcaldesa de Peñacaballera.

 Al visitar el lugar el pasado 28 de agosto, para poner unas flores, la familia comprobó que alguien había arrancado la lápida, con evidentes señales de haber usado la fuerza, lo cual comunicaron a la ASMJ.

Según informó a la ASMJ el alcalde de Peñacaballera, Javier Valencia Muñoz, el ataque se debió a que los falangistas de Peñacaballera se sienten molestos con la lápida.

 Dado que el ataque a la lápida de Santiago Martín es un delito contra el respeto debido a los difuntos, contemplado en el art. 526 del Código Penal, además de una falta de daños (la lápida está valorada en 400 euros), la familia ha presentado la denuncia correspondiente.

 Es de destacar que esa lápida es un homenaje familiar en un cementerio, no un elemento conmemorativo de la Memoria Histórica.

La ASMJ condena con rotundidad unos hechos lamentables que vienen a probar la persistencia de una mentalidad fascistoide y antidemocrática en ciertos sectores de la sociedad salmantina, que se creen con derecho a atacar con nocturnidad y alevosía a quienes consideran todavía enemigos políticos, no conciudadanos. Los falangistas de Peñacaballera han actuado en agosto de 2012 exactamente igual que en agosto de 1936, con la misma cobardía y el mismo desprecio a la democracia.

Al arrancar esa lápida, los simpatizantes del franquismo quieren que desaparezcan las huellas del crimen, pero solo consiguen hundirse todavía más en la infamia. Confiamos en que la España democrática de 2012 no deje impune este nuevo crimen franquista.

Salamanca24horas, 11 de octubre de 2012

El País, 12 de octubre de 2012